Azaña, jurista

La Ley de la Navegación Marítima lleva a cabo una reforma amplia del Derecho marítimo español contemplando todos sus aspectos. Se trata de una renovación que no busca una mera actualización y codificación, sino que también responde a su imprescindible coordinación con el Derecho Marítimo Internacional y su adecuación a la práctica actual del transporte marítimo.

Acceso a la Abogacía responde a un proyecto dirigido a cubrir una necesidad que acuciaba a los alumnos y alumnas de los Másteres en Abogacía: disponer de un texto que respondiera ordenadamente a los enunciados de los temas del programa de materias de la Prueba de Evaluación de Aptitud Profesional para el Ejercicio de la Profesión de Abogado. Esta obra se estructura en cinco tomos: el tomo I de Materias Comunes, el tomo II de Materia Civil y Mercantil, el tomo III de Materia Penal, el tomo IV de Materia Administrativa y Contencioso-Administrativa, y, finalmente, el tomo V de Materia...

Esta publicación llena el vacío que han dejado en Chile los estudios sobre la materia, únicamente reducidos a un análisis de las corporaciones y fundaciones. El libro se estructura a partir de las consideraciones básicas sobre la noción de persona y el sustrato de la personalidad jurídica. Analiza en profundidad temas tales como la nacionalidad de estas entidades, el abuso de la forma, su clasificación, los derechos y obligaciones de sus miembros, su patrimonio, divisiones y fusiones, conflictos de interés y el control de las mismas. La obra presenta también un reflexivo y...

La Ley de la Navegación Marítima lleva a cabo una reforma amplia del Derecho marítimo español contemplando todos sus aspectos. Se trata de una renovación que no busca una mera actualización y codificación, sino que también responde a su imprescindible coordinación con el Derecho Marítimo Internacional y su adecuación a la práctica actual del transporte marítimo.

La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) cambia sustancialmente el ámbito del proceso social. Amplía sus competencias a todas las que puedan calificarse como "sociales", incluyendo el control jurisdiccional de los actos administrativos singulares o plurales dictados sobre estas materias, asumiendo las hasta ahora atribuidas al conocimiento del orden civil y contencioso-administrativo. Se constituye al orden social como el único competente para conocer de los litigios sobre prevención de riesgos laborales, por lo que también los funcionarios o personal estatuario deberán ...